Así, las madres con hijos en miles de ‘guarderías’ se encontrarán en la campaña de la renta con que no tienen derecho a la deducción.Únicamente será deducible el pago a aquellas escuelas infantiles con licencia municipal y autonómica, aunque muchas solo operan con la primera porque la segunda es optativa
La deducción de 1.000 euros por gastos en guarderías será una de las grandes novedades de la campaña de la declaración de la renta, que arrancará en abril. Sin embargo, ya se ha agotado el plazo para que los centros faciliten la información, y solo han podido hacerlo los que están en el registro de escuelas de educación infantil. Las madres con sus hijos en miles de guarderías con licencia y autorización municipal, pero no autonómica, se quedan sin la opción.
La regulación de estos centros parte de la ley orgánica de educación de 2006 (la LOE, que sustituyó a la LOGSE), que señala a la educación infantil como la primera etapa del sistema educativo. Después llegaron los decretos autonómicos que establecen requisitos para recibir un código de centro, necesario para la deducción citada, que es una medida de conciliación laboral que se suma a los 1.200 euros de deducción por maternidad.
El concepto de guardería, pese a que se menciona en el texto de los presupuestos, se ha quedado ambiguo en la última década. De hecho, la palabra no aparece en el texto de la LOE de 2006. Por una parte, están los centros o escuelas de educación infantil, que tienen que ser autorizados por el ayuntamiento de la localidad y por la administración educativa competente cumpliendo una serie de requisitos, que es autonómica.
Por otro lado, hay muchos centros que se asemejan al concepto tradicional de guardería, en el que los padres dejan a sus hijos para su cuidado sin exigencias sobre un proyecto educativo. En estos casos solo es necesaria la licencia municipal, que vigila la salubridad de las instalaciones.
Así, las madres con hijos en miles de ‘guarderías’ se encontrarán en la campaña de la renta con que no tienen derecho a la deducción. De hecho, esta ayuda no se pide, sino que aparecerá en el borrador tras haberse cruzado los datos. Los centros autorizados por las comunidades tenían hasta el 15 de febrero para mandar el documento 233. Los que tienen permiso local pero no autonómico, no han tenido esta opción.
Reivindicación clásica
Hacienda se posiciona de esta forma en favor de una reivindicación repetida durante los últimos años por parte de los centros de educación infantil, que aseguran que cumplen requisitos sobre ratios entre profesores y alumnos, cualificación de los educadores o instalaciones, y que compiten con otro tipo de guarderías sin estas exigencias. Pero las comunidades no se pronuncian porque solo inspeccionan a las que están en su registro, mientras que los ayuntamientos se escudan en que si hay un problema educativo es de la comunidad, que es la competente, y solo se preocupan por la calidad de las instalaciones.